Los habitantes de Alston Moor, una pequeña localidad al norte de Inglaterra, se han encargado de ejecutar personalmente las obras necesarias para instalar una infraestructura de acceso a Internet mediante fibra óptica, con velocidad de hasta 20 Mbps.
Hasta hace no demasiado tiempo, Alston Moor, una localidad ubicada en el condado de Cumbria, al norte de Inglaterra, no tenía demasiado que ofrecer a los visitantes más allá del entorno rural y los paseos por el campo. Dentro de poco, sus vecinos podrán presumir de disponer de mejor conexión a Internet que la mayoría de los habitantes de Londres.El salto ha sido posible gracias a la iniciatva de los vecinos del pueblo, que se han encargado personalmente de ejecutar las obras necesarias para desplegar una infraestructura de acceso a Internet de alta velocidad mediante fibra óptica.Internet llegó a Alston Moor hace sólo cuatro años, de la mano de British Telecom. Pero los vecinos sólo disponían de una conexión de baja calidad, como sucede en muchas otras áreas rurales del país, y muchas granjas de la zona ni siquiera tenían acceso básico a la Red. Por eso, los vecinos decidieron crear una cooperativa, bautizada como Cybermoor, para encargarse ellos mismos de solucionar el problema, inspirándose en iniciativas similares desarrolladas en Suecia. Los fondos necesarios para ejecutar el proyecto provienen de subvenciones estatales y del bolsillo de los socios de esta particular comunidad.Por todo el pueblo y sus alrededores han cavado las zanjas necesarias para instalar las conducciones de cables. La red local está conectada a la de la operadora Telewest, y de momento la instalación permite alcanzar velocidades de hasta 20 Mbps, pero la idea es que en el futuro se pueda ampliar hasta 100 Mbps.El proyecto ha tenido un coste total de 100.000 libras (110.000 euros), muy asequible si se compara con las 50.000 libras anuales que cualquier ISP presupuestaría para un servicio similar. Cada hogar del pueblo ha gastado una media de 415 libras (455 euros) entre equipos y conexiones.Sin embargo, a los vecinos de Alston Moor les parece una inversión rentable: ahora no sólo disfrutan de servicios como atención sanitaria a distancia o teletrabajo, sino que el valor medio de las propiedades inmobiliarias de la zona se ha revalorizado entre un 20 y un 25%.El gobierno británico tiene previsto llevar el acceso a Internet a todo el territorio nacional con un mínimo de 2 Mbps en el año 2012, utilizando redes inalámbricas y conexiones vía satélite para las zonas rurales. Cuando lleguen a Alston Morr, podrán pasar al siguiente pueblo.
Google Analytics es una herramienta gratuita obligatoria para cualquier dueño de un sitio web. No solo brinda información sobre cuántas personas entraron por día al sitio, sino otras cosas cómo de dónde viene cada usuario, cuánto tiempo estuvo dentro y qué fue lo último que vio antes de irse. Ésta es solo la base de las cosas que permite saber y todos los datos sirven para mejorar la página, al punto donde la experiencia en el sitio mejora muchísimo. Ahora, autoridades alemanas piensan que toda esa información va en contra de las leyes germanas y piensan imponer multas para cualquier compañía que haga uso de la herramienta.Para cualquier dueño de un sitio web, Google Analytics es una especie de santuario. Porque no solo es gratuito, sino que entrega toda la información necesaria para mejorar el sitio y encontrar la manera de que los usuarios puedan encontrar el contenido que desean y tengan una mejor experiencia al visitar la página. Esto claro, debe hacerse con una investigación previa, pero Analytics hace todo el trabajo de juntar la información para usar de referencia. Ahora resulta que toda esta información es demasiado para las autoridades alemanas, que están intentando declarar ilegal la herramienta. Al parecer, el nivel de información que ofrece es demasiado y varios oficiales del gobierno están convencidos que, en Alemania, Google Analytics va en contra de la ley. Es por eso que, en caso de que el pedido de éstos oficiales sea llevado a cabo, las compañías que toman información sobre los patrones de los usuarios, serán multadas. Por cuánto, es algo no se sabe aún, sin embargo, un abogado cree que el saldo total a pagar podría llegar a los €50,000, que no es una suma menor.
En cuanto a números, 13% de los sitios alemanes (que terminan con '.de') utilizan Google Analytics. Dentro del porcentaje se encuentra todo tipo de organizaciones, empresas mediáticas, partidos políticos y hasta algunas compañías farmacéuticas. Es decir, que en caso de declararse ilegal, muchas compañías de gran calibre deberían dejar de usar la útil herramienta. De todos modos, ésto no es nada nuevo en Alemania, ya que en el pasado han hecho pública su preocupación por la poca información que da a los usuarios sobre éstos datos. Por otro lado, Google comenzó un proyecto para “blanquear” ésta información, pero de todo lo que liberó no es a lo que se refieren los oficiales alemanes. El problema es que no se sabe qué hacen con la información que es guardada en los servidores estadounidenses, cuando las leyes germanas no permiten que esa clase de datos salga fuera del país. Per Meyerdierks, de Google Alemania, dijo la compañía está dentro de la ley, ya que respeta el tratado Safe Harbor (International Safe Harbor Privacy Principles), entre Estados Unidos y la Unión Europea, que deja varios principios en claro: como que el individuo debe saber que están tomando la información, deben tener la opción de no compartirla, debe haber esfuerzos para que la información sea guardada de manera segura y el individuo debe tener la opción de poder acceder a esos datos y poder corregirlos o borrarlos en caso de que sean erróneos, entre otros puntos. Por el momento, el tema queda por resolver, pero Analytics podría volverse ilegal en Alemania.
El ministro del Poder Popular para el Comercio, Eduardo Samán, notificó la apertura de dos procedimientos de nulidad absoluta de patentes a un antibiótico de la transnacional Bayer HealthCare, al cual el primer registro le fue otorgado en el año 1994 y el segundo fue dado, por la misma molécula, en el año 2000, aún cuando éste no constituía una invención.
La actuación se realizó luego de recibir la alerta de parte de los laboratorios nacionales productores de medicamentos genéricos, quienes denunciaron las acciones judiciales que está tomando la transnacional Bayer en contra de los laboratorios farmacéuticos del país que producen la Moxifloxacina en versión genérica, que es un antibiótico utilizado con frecuencia para infecciones de las vías respiratorias y constituye el tratamiento médico de mayor aplicación en las consultas de esta especialidad.
Por tal motivo, a través del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), se inició una revisión exhaustiva de la forma en que fueron otorgadas las patentes a esta transnacional y se verificó que el procedimiento para su otorgamiento posee vicios, por estar al margen de las leyes de la materia. De esta manera, se demuestra que acciones como las impulsadas por Bayer van en contra del derecho a la salud y apuntan hacia un monopolio de la industria, sin importar las necesidades de la nación, debido a que intentan limitar la existencia de los medicamentos genéricos que son más económicos y de fácil acceso para la población.
Aunque la Fundación Mozilla recibe donaciones, ésta no es la principal fuente de sus ingresos. Muchos de sus productos, como Firefox y Thunderbird son parte de la Corporación Mozilla, que es propiedad de la Fundación, pero a diferencia de ésta, se trata de una entidad que paga impuestos.
La Corporación tiene ganancias que reinvierte en los proyectos de Mozilla. ¿De dónde saca el dinero? La mayoría sale de Google, a través de acuerdos en los que el buscador le paga a Firefox por cada búsqueda que se haga a través del navegador.
Ésta es una de las razones por la cual el buscador por defecto de Firefox (arriba a la derecha) es Google. Así, aproximadamente el 94% de los recursos de Mozilla en 2007 y el 91% en 2008 provinieron de la gran G. Según losresultados auditadosentregados hoy por Mozilla, el año pasado recaudaron USD$79 millones, un 5% más que lo alcanzado en 2007.
Esto podría ser muy peligroso para Mozilla, si consideramos el esfuerzo que Google está poniendo en su propiosistema operativoy su navegadorChrome. Eventualmente, Firefox podría perder sus ingresos si Google decide que no vale la pena seguir con los acuerdos, por lo que sería conveniente que Mozilla buscara una alternativa, y pronto.
¡¿Qué cosa?! No tenemos otra cosa que los ojos abiertos y la boca medio abierta después de intentar comprender que efectivamente alguien en Redmond ha logrado patentar algo similar a un comando tan íntimo de Linux como es el sudo. Al parecer Microsoft obtuvo esta patente después de haber explicado que su versión del comando sudo es "personalizada", además de contar con un entorno gráfico... y parece que eso fue suficiente. Lo más irritante es que en la patente llaman "invención" a este sudo con un "toque Microsoft", y ni siquiera se hace una referencia a los más de treinta años de desarrollo que ha tenido el comando sudo bajo plataformas Unix y Linux. Al ser una versión propia de Microsoft, el comando sudo tal y como lo conocemos no corre riesgo de desaparecer, pero así están las cosas en el universo de las patentes.
Microsoft ha obtenido una nueva patente. Como noticia general no tendría un gran valor, pero si colocamos al comando sudo en la ecuación, la noticia del montón se convierte en un faro brillante. Para aquellos que aún no han tenido contacto con estos sistemas operativos, el comando sudo utilizado en sistemas Unix y Linux (incluso OS X tiene soporte sudo) permite elevar de forma temporal los privilegios de un usuario para realizar una operación específica, como puede ser el instalar un programa. El comando sudo nos permite acceder al nivel de funcionalidad necesaria en Linux sin que debamos ingresar al sistema operativo con la cuenta de superusuario conocida como "root", un equivalente a la cuenta de Administrador de Windows, pero con todavía más poder (han sido incontables las veces que he sido bloqueado por Windows utilizando una cuenta de administrador). Ahora, Microsoft ha logrado que la Oficina de Patentes de los Estados Unidos le conceda una patente sobre un "sistema de elevación de privilegios" que básicamente cuenta con un entorno gráfico, y diferentes parámetros de personalización. Lo más cómico de todo es que el comando sudo propiamente dicho se menciona apenas un par de veces bajo el apartado "otras referencias", y nada más. Otro detalle extra es que la petición por parte de Microsoft para esta patente no ha sido reciente, sino que vemos un curioso "22/04/2005" al principio del texto. Pero lo más preocupante es la ignorancia técnica que ha demostrado la Oficina de Patentes. ¿Es que acaso nadie del personal que se dedica exclusivamente a aprobar patentes relacionadas con el software no pudo comprender de inmediato que se trataba de una "versión Microsoft" del comando sudo? Aparentemente no.
Esta nueva patente sorprende, y al mismo tiempo nos deja un poco tristes. ¿Por qué? Porque parece que no hay límites para algunos a la hora de registrar patentes. El día de mañana, Microsoft podría registrar el Live CD, el fondo negro en las terminales de sistema, y el cursor que tiene la punta hacia el lado izquierdo. Todo sistema operativo necesita de algún sistema de elevación de privilegios, por una simple cuestión de seguridad, ¿pero llamarla "invención"? Si creo una vasija con tres asas en vez de una o dos, ¿es realmente una invención? El comando sudo no corre peligro, y lo seguiremos viendo en las distros de Linux, pero sólo bastaba con una referencia digna: "Esta tecnología está inspirada en el comando sudo". Con eso hubiera sido más que suficiente.
Disertación ofrecida por el Juez Doctor Ariel Coll, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, Argentina, en el marco del CRISOL 2009 - 5to. Encuentro Estratégico de Software Libre.
EL SOFTWARE LIBRE EN EL PODER JUDICIAL DE FORMOSA
"Pongamos esta breve disertación en contexto. Soy un hombre que ha doblado ya la esquina de los 50, que se inició en la carrera judicial con una antigua olivetti en un juzgado entrañable de Las Lomitas y que por tanto tuvo que enfrentarse al desafío de la informática, con más audacia que conocimientos.
Lo que quiero significar es que no soy un experto en sistemas operativos ni en programas, y me siento un profundo ignorante cuando los especialistas emplean un vocabulario plagado de conceptos técnicos, apenas soy un juez, y que en todo caso, en el ámbito del Poder Judicial y específicamente del Superior Tribunal de Justicia, trata de diseñar políticas públicas que permitan contar con un servicio de Justicia accesible a todos los habitantes de mi provincia.
En ese marco, siendo Presidente del STJ, en el año 1993, creamos la Dirección de Sistemas Informáticos, dando los primeros pasos en un camino que hoy se ha vuelto apasionante. Siempre con poco presupuesto, algo habitual en todos los Poderes Judiciales de América Latina, comenzamos a armar una estructura que permitiera aplicar nuevas tecnologías en la administración de Justicia. Primero lo hicimos hacia adentro, cosa que si nos equivocábamos, nadie de afuera se diera cuenta y empezamos con el servicio de sueldos y tareas internas de administración financiera. Cuando estuvimos un poco más seguros, nos lanzamos a la tarea jurisdiccional. Ahí la cosa se complicaba un poco, había que lidiar con jueces, funcionarios, antiguos empleados judiciales, abogados del foro, y no todos por cierto, era proclives al cambio. Hubo una resistencia cultural que era de esperar, que estaba dentro de lo previsible, pero que se fue venciendo paulatinamente, a medida que como era también de esperar– los resultados aparecían de manera tangible. Comenzaron a elaborarse sistemas propios de gestión judicial para los distintos fueros. Recuerdo que en el fuero civil el Juzgado N° 4, a cargo por entonces del Dr. José Luis Pignochi y en el Penal, también el N° 4, a cargo del Dr. Shur, aceptaron que se experimentara sobre ellos, en una decisión elogiable, porque el fracaso del sistema podía ocasionarles demoras y perjuicios al trámite de sus respectivos Juzgados.
Sin embargo, fue a partir del año 2001, en plena crisis económica y social, cuando se toma la decisión de adoptar el Software Libre. En ese momento, cuando se derrumbaba en el país, el modelo neo-liberal de los 90, y con un Poder Judicial que apenas podía pagar los sueldos, la decisión tuvo un claro fundamento económico, no podíamos hacernos cargo de pagar por sistemas o programas de origen privado. Aparecía una alternativa poco onerosa, válida y confiable y hacia allá fuimos. Creo que nunca hemos acertado tanto. A poco de andar nos fuimos dando cuenta de que la “libertad” que se aplicaba al software, era algo más que una cualidad del sistema. Era la posibilidad de ser nosotros mismos.
Era algo más que una cuestión económica, era, en verdad, romper con el colonialismo tecnológico.
Cuando se utilizan programas cerrados, producidos por unidades comerciales cuya finalidad principal, es el lucro o la ganancia, es natural que aparezcan prohibiciones de acceso al código fuente, imposibilidad de conocer la totalidad del sistema o dificultades para disponer de los parámetros con los que se han desarrollado determinados formatos. El mito de la fórmula de la Coca Cola es comparable a la clausura informativa que impera en los programas informáticos privados. Ahora bien, esa metodología, comprensible desde un punto de vista puramente comercial y fuertemente cuestionable desde el aspecto del conocimiento tecnológico que debería ser compartido por todos, esa práctica de repliegue sobre el núcleo de su sistema, ¿puede ser aceptada por el Estado, por su administración y específicamente, por los Poderes Judiciales?
Creo que la respuesta negativa se impone.
El Estado se organiza para –entre otros objetivos– brindar determinados servicios a sus habitantes. sanidad, educación, asistencia social, justicia, seguridad, son algunos de los más conocidos. La lógica que impera es la del servicio, no la del lucro. El Estado no se organiza para lucrar a expensas de sus habitantes, sino para dar servicios. Si esto es así, el Estado no puede estar sometido a los vaivenes de una empresa privada que no responde al concepto de servicio, sino al de ganancia económica.
Si esa empresa privada es a su vez una corporación que produce, distribuye y comercializa tecnología e información, la situación para el Estado se complica aún más, porque pone en manos de una empresa privada toda la información disponible, quedando sometida la Administración a los cambios que en el futuro introduzca la misma corporación, en tanto dueña soberana de los programas utilizados. La dependencia tecnológica es notable y además interminable, en tanto impone al Estado la obligación de actualizar permanentemente las versiones del software que utiliza, bajo el riesgo de quedar anclado en el tiempo o incomunicado en el universo informático.
Y es que el desarrollo tecnológico –o más profundamente– el desarrollo mismo de la ciencia, nunca es neutral. Es posible que en un primer momento se busque el conocimiento por el conocimiento en sí mismo, y en ese caso, la tecnología como ciencia aplicada, podría quedar liberada de toda responsabilidad posterior por el uso indebido de la misma. Pero justamente desde que se decide utilizarla, se ingresa en el campo de la política y de la ética, y es allí donde quienes están al frente de órganos de conducción, deben definir claramente qué objetivos persiguen.
Creo interesante apuntar la concepción de Feenberg, cuando señala, desde una visión instrumental, que “las tecnologías son herramientas preparadas para servir a los propósitos de quienes las usan”, subordinando la tecnología a valores establecidos en otras esferas sociales (como la política y la cultura).
Desde esa concepción, sostenemos firmemente, que las herramientas del conocimiento y la tecnología como ciencia aplicada, deben estar al servicio del pueblo. La apropiación de las mismas y su encriptación, alejando a la gran masa de usuarios de su utilización libre, subordina la tecnología a los propósitos de una minoría, sumiendo a las mayorías en una dependencia tecnológica hacia la primera.
Pero hay algo paralelo también a la dependencia tecnológica y es la función de vigilancia que tienen ciertos programas privados. Como señaló Richard Stallman en la Universidad de Barcelona en 2007, cuando un usuario de Windows usa la funcionalidad del menú para buscar una palabra en sus propios archivos, Windows envía a Microsoft un mensaje diciendo qué palabra se ha buscado. Es una funcionalidad de vigilancia, pero hay otra: cuando Windows XP pide una actualización, envía a Microsoft una lista de todos los programas instalados en la máquina. Estas funcionalidades de vigilancia tal vez no son las únicas, porque Microsoft nunca anunció estas dos; se descubrieron con la investigación y quizás otras funcionalidades de vigilancia quedan por descubrirse. Pero no sólo Windows lo hace, muchos programas que permiten mirar archivos o sitios lo hacen, como Windows Media Player que delata todos los sitios que el usuario mira. También hacen vigilancia. Estas funciones, que combinan dependencia tecnológica y vigilancia, son absolutamente incompatibles con un Estado soberano.
Si todas nuestras políticas están orientadas hacia el hombre, nuestros sistemas de información y comunicación no pueden quedar en manos de empresas monopólicas.
El software libre es un camino que permite al Estado recuperar el control de funcionamiento de sus sistemas informáticos, mediante la utilización de sistemas operativos, formatos y aplicaciones que puedan ser libremente utilizados y modificados por el usuario en orden a sus propias necesidades.
Como dijimos hace algunos años, a veces la libertad genera miedos; el hombre libre sabe que sólo depende de sus propias decisiones y el temor a equivocarse a veces lo paraliza; pero en este caso hemos preferido el riesgo, hemos asumido lo que queríamos, lo que necesitábamos y lo hemos logrado. Como el avance tecnológico es imparable, nosotros también vamos a por más. La segunda fase del proyecto de informatización en el Poder Judicial de Formosa ya esta en marcha, con énfasis en las comunicaciones, en la conectividad de todo el sistema, en el afianzamiento de sistemas de seguridad, pero siempre a partir de nuestras necesidades, con nuestros propios sistemas, nuestros programas de gestión, elaborados a partir de la libertad que decidimos asumir hace algunos años, pero subordinados al supremo interés de lograr un mejor y óptimo servicio de justicia para todos quienes habitan esta cálida tierra formoseña."
Disertación ofrecida por el Juez Doctor, Ministro del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia de Formosa, Argentina, en el marco del CRISOL 2009 - 5to. Encuentro Estratégico de Software Libre.
El gobierno de Felipe Calderón dice tener listo un decreto presidencial para "romper" la patente de los medicamentos oseltamivir y zanamivir, en caso de que haya un desbordamiento de casos en la época invernal y, por tanto, una emergencia nacional que obligue al país a producir dichos fármacos a bajo costo.
“Tenemos listo un decreto para esas licencias de utilidad pública, si en un momento dado el incremento de casos fuera muy considerable, de tal forma que no pudieran ser surtidos estos medicamentos, utilizaríamos ese recurso legal, que es absolutamente legítimo”, dijo el secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos.
Sin embargo, dijo, todo se encuentra bajo control hasta el momento, se cuenta con una reserva de más de 2 millones 400 mil tratamientos y con la garantía de adquirir más.
“Pero necesitamos estar aquí observando que es lo que pasa día a día, cómo vamos en la reserva, para que no haya desabasto, como no lo ha habido, desde abril”, aseveró.
En el artículo 77 de la Ley de Propiedad Industrial se establece la posibilidad de otorgar licencias de utilidad pública a laboratorios mexicanos para producir oseltamivir (Tamiflú) y zanamivir (Relenza).
En mayo, el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual (IMPI), recibió varias solicitudes, que luego suspendió cuando la Secretaría de Salud "decretó" que no había los supuestos para declarar licencias de utilidad pública (Licencias Obligatorias).
Sin embargo, no canceló la posibilidad de otorgar en una emergencia dichas solicitudes de licencia de utilidad pública a empresas mexicanas para producir los antivirales, en caso de que el virus se extienda y se carezca de fondo para adquirir el tratamiento que tiene un costo comercial que va de los 500 a 600 pesos mexicanos.
La Responsbilidad Social Corporativa (RSC), es un tema muy debatido en los últimos años, debido fundamentalmente a la falta de confianza y credibilidad que la sociedad tiene en las organizaciones. Los escándalos empresariales, las catástrofes ecológicas y medioambientales que las empresas están provocando en el desarrollo de sus actividades, han dado lugar a que los directivos tomen conciencia de la importancia que la RSC tiene en la administraciòn de empresas, como valioso activo que genera ventajas competitivas y como elemento diferenciador que contribuye al desarrollo sostenible. Por estos motivos, la RSC va mas allá de la mera satisfacción de los accionistas y propietarios, orientándose a la satisfacción de relaciones equiliobradas con todos sus stakeholders.
A partir de estas consideraciones, con el trabajo que presentamos se pretende, el estudio de la RSC desde Tres Enfoques: Stakeholders, Capital Intelectual y Teoria Institucional.
El Foro de Cultura Libre (fcforum.net) que se desarrrolla en Barcelona reabre el debate sobre el futuro de Internet y el acceso a sus contenidos. Es también el lugar escogido para discutir los puntos que componen la Carta Europea de derechos de los ciudadanos en la era digital, nombre propuesto para un documento que se enviará al Gobierno de cara a la presidencia española de la UE. Redactada por la Fundación para una Infraestructura de Información Libre (FFII.org) y otras organizaciones sociales, la carta esgrime que los gobiernos están obligados a garantizar derechos como la neutralidad de la Red, el servicio universal de banda ancha y "la libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas". Los motivos para poner estos derechos por escrito son, según los organizadores, que hasta ahora deben deducirse de la legislación, lo que implica que los internautas sufren el riesgo constante de que estos derechos se reduzcan. Se trata de aprovechar la presidencia española de la UE para desarrollar las medidas necesarias para la preservación de derechos, sin que cuestiones como la privacidad o el secreto a las comunicaciones sufra restricciones. Estos son los puntos básicos que recoge el documento de partida: 1. Garantizar que las operadoras u otras compañías no puedan interferir en la velocidad con la que los internautas acceden a distintas páginas o lo que se conoce como neutralidad de la Red. Además, se especifica que este tráfico sólo podrá ser " analizado en su contenido (...) bajo mandato y tutela judicial". 2. Los ciudadanos tienen derecho a un servicio universal de banda ancha , algo sobre lo que las operadoras se han manifestado en contra en los últimos días. También se detalla que los internautas tienen derecho a "disponer de información veraz y suficiente sobre las condiciones y calidades de las conexiones". 3. Los ciudadanos tienen derecho a la " libre disposición de la ciencia, la cultura, el conocimiento y las tecnologías propiedad de las instituciones públicas". 4. Por último, la carta puntualiza el derecho de los internautas a relacionarse con las Administraciones Públicas mediante estándares abiertos .