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A fines de marzo se filtró la propuesta estadounidense para el Trans-Pacific Partnership (TPP), un tratado de libre comercio de naciones del Pacífico, cuyas negociaciones han sido en secreto y que los delegados de EEUU en el capítulo sobre propiedad intelectual presionan por reducir aún más el dominio público, impedir el acceso a medicamentos o convertir en delito encarcelable hasta evadir un programa de protección a los derechos de autor.
El TPP fue suscrito por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur en el año 2005, y ahora pretenden incorporarse EEUU, Australia, Perú, Vietnam y Malasia. La potencia militar de Norteamérica asiste a las negociaciones con un regalo bajo el brazo, que es aumentar las regulaciones sobre derechos de autor y propiedad intelectual.
La propuesta estadounidense omite toda alusión a la Declaración de Doha, que flexibizó las patentes farmacéuticas para que países en desarrollo puedan acceder a su fabricación. La ONG Derechos Digitales hace ver que el acuerdo exigiría el linkage, una medida no incluida en el TLC suscrito por Chile con Estados Unidos, la cual ha sido rechazada por organizaciones de consumidores y por las farmacéuticas locales, pero persistentemente alentada por la industria americana. A través de ella se intenta entorpecer el acceso al mercado de medicamentos genéricos, encareciendo las medicinas.
95 AÑOS PARA DERECHOS DE AUTOR
Otra propuesta insólita es extender la duración de los derechos de autor en algunos casos hasta 95 años después de publicada una obra. Pese a que el estándar internacional contempla 50 años de protección, Chile ya tiene un elevado plazo de 70 años. Daniel Álvarez, abogado de Derechos Digitales, acusa que si con la actual legislación “en Chile en los próximos 20 años el dominio público de obras y bienes culturales no crecerá, de aceptarse que sean 95 años una generación entera quedaría sin derechos a acceder de manera libre a importantes obras culturales”.
La Ley 20.435 que modificó la normativa sobre propiedad intelectual el 2010, ya elevó las multas de 5 UTM a entre 50 y 100 UTM, estableciendo que la sanción sea en relación al daño patrimonial provocado.
Para Claudio Ruiz, presidente de Derechos Digitales, la propuesta de tratado es preocupante y afecta seriamente los derechos de las personas, razón por la cual anticipó que próximamente se solicitará audiencia a las autoridades del Gobierno comprometidas en la negociación del tratado. “Chile no debería comprometerse más allá de los ya elevados estándares comprometidos en el TLC con Estados Unidos”, sostiene Ruiz, quien valoró el hecho de que en las negociaciones Chile haya formulado propuestas a favor de la gente, y no de un reducido grupo de intereses.
SANCIONES PUNITIVAS POR COPIAR UN CD
Otra medida que los lobbystas de washington presionan por incluir en el TPP es exigir sanciones
criminales para quienes eludan medidas tecnológicas de protección, incluso si no hay infracción a los derechos de autor. O sea, si copias un disco protegido para que no se copie, ya no sólo cometerías un delito por el hecho de copiarlo, sino que otro más por usar un programa que te permita copiarlo.
Este es uno de los puntos de la agenda de los 700 asesores que acompañarán a Obama en su visita a Chile. Estos piden sanciones criminales para esto aunque no haya ánimo de lucro o beneficio económico para el infractor. También exigen un sistema de responsabilidad para los prestadores de servicio de Internet por las supuestas infracciones a derechos de autor cometidas en línea. Así, las compañías telefónicas estarían obligadas a identificar a los supuestos infractores y desconectarlos de Internet.
“Varias de las medidas propuestas por el TPP entran en conflicto con los derechos y libertades constitucionales. Por ejemplo, las normas sobre desconexión de usuarios de Internet por supuestas infracciones infringen el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, la libertad de expresión y el derecho a la vida privada”, asegura Alberto Cerda Silva, director de estudios de Derechos Digitales.
LISTA ROJA DE LA INDUSTRIA
Una de las formas de presión de EEUU es la inclusión de Chile en la Priority Watch List, divulgada por el Departamento de Comercio de dicho país, pero elaborada por la industria, y que califica a determinados países como piratas, incluyendo a Chile.
Álvarez comenta que “no se entiende por qué EEUU insiste en calificar a Chile en la lista prioritaria si el país ha cumplido con las obligaciones del TLC y cumplido con los estándares normativos. Este año debiera salir de la lista de países piratas. Que continúe allí es sólo por intereses de la industria farmacéutica, del disco y de software”.
El Informe 301, hecho por estas industrias, no tiene validez alguna para Álvarez, quien dice que “no hay acceso a las estadísticas y metodología con que la hacen. No hay forma de contrastarla, sobre todo cuando muestran unas cifras de piratería imposibles para Chile”. Así es el caso de las patentes de software, caso que dicho informe iguala la exigencia de patentes a partir del número de computadores en el país, sin considerar el uso de software libre o licencias que vienen al comprar el PC. “Es un informe unilateral y un método de presión comercial que ni siquiera lo gobiernos aludidos le reconocen valor, pero que está en la mesa de negociaciones” -sentencia el abogado.
“Por sus avances y compromisos, Chile debería ser excluido de la Priority Watch List”, asegura Alberto Cerda Silva, de la ONG Derechos Digitales. El abogado indica que en los últimos años el país ha hecho progresos y esfuerzos significativos para proteger la propiedad intelectual. Se han ratificado tratados internacionales, modificado la legislación interna, facilitado los procedimientos judiciales, incrementado las penas, y hasta creado nuevas instituciones a cargo de promover y proteger la propiedad intelectual, tales como el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (Inapi) y una brigada especializada de la Policía de Investigaciones. Todos estos hechos deberían ser apropiadamente reconocidos y valorados por los Estados Unidos.
PROTEGER EL DOMINIO PÚBLICO
Esta andanada de reglamentaciones viene a socavar el dominio público, concepto que implica el libre acceso a obras literarias, artísticas o científicas, incluso programas informáticos, que no tienen, ya sea por plazo o por deseo del mismo autor, protección de derechos patrimoniales exclusivos que las leyes de derecho de autor reconocen. Es decir, su acceso es libre.
“Nadie crea algo a partir de nada. Mientras más grande sea el dominio público hay más posibilidades de crear y generar obras, o sea, del desarrollo cultural”- recalca Álvarez.
“En la medida en que EEUU siga pensando elevar la protección de la propiedad intelectual nuestros países tienen menos posibilidades de generar una agenda que considere los derechos no sólo de los titulares, sino que de los usuarios, consumidores y la ciudadanía” -sostiene el abogado. El Ciudadano
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