JÉRÉMIE ZIMMERMAN: SOPA es la transposición del ACTA a la ley de EE UU, pero va más allá porque da poder a los intermediarios financieros para aplicar políticas de copyright. Es una reacción del Gobierno al caso de Wikileaks; ahora ha querido implicar a todos los intermediarios privados.
D.: ¿Se va a usar la SOPA para ejercer censura política?
J.Z.: Es inevitable que, una vez que comienzas a utilizar censura privada para cuestiones de copyright, la gente se acostumbre a este tipo de actuaciones. Y si lo normalizas para proteger la propiedad intelectual, ¿por qué no lo vas a hacer para cosas más importantes como, por ejemplo, luchar contra el terrorismo? Además, una vez que las empresas hayan implementado los mecanismos técnicos para controlar y bloquear las comunicaciones, querrán amortizar su inversión, por lo que es de esperar que encuentren más aplicaciones para ellos.
D.: Un efecto positivo podría ser que más gente deje de utilizar los servicios comerciales de estas empresas e impulse proyectos autogestionados...
J.Z.: Sí, los hackers siempre tendremos métodos para saltarnos las restricciones y construir alternativas, pero ¿quién va a poder hacerlo? ¿Van a saber conectarse mi madre o mi peluquero? Se trata de no volver a la edad oscura, la internet de 1990, cuando sólo algunas pocas personas con conocimientos técnicos podían acceder a información en la red.
D.: ¿Cuándo llegará ACTA a la Unión Europea?
J.Z.: Será recibida en los próximos días en la INTA (comisión de comercio internacional), lo que inicia el proceso formal. Después hay varias comisiones que tienen que estudiarlo y dictar sus opiniones. No sabemos cuándo se votará en el Parlamento, pero en todo caso no antes de marzo, lo cual nos da tiempo para movilizar a la opinión pública.
D.: ¿Qué se está preparando?
J.Z.: Estamos trabajando en una campaña de correos electrónicos para decirle a los eurodiputados lo que pensamos. Para que se exprese la ciudadanía en general y también las empresas del sector tecnológico a las que no les interesa que se limiten las funcionalidades de sus productos. En La Quadrature du Net trabajamos en red con activistas de toda Europa, colectivos como Telecomix, Chaos Computer Club, X.net, Hacktivistas...
D.: ¿Y qué pasaría si se consiguiera parar el ACTA en el Parlamento Europeo?
J.Z.: Sería un símbolo político enorme porque se rompería la lógica represiva que se está siguiendo, según la cual cada nueva ley que se aprueba es más dura que la anterior. Abriría la posibilidad de desplazar la agenda política de cara a próximas directivas sobre propiedad intelectual. Es decir, si se aprueba el ACTA, lo que se legisle después seguirá la línea represiva de la SOPA en EE UU; si no, tendremos la ocasión de que en el futuro se tengan en cuenta las protestas y podamos negociar para que se revisen estas políticas.
D.: Siempre quedaría la lucha contra la aplicación de leyes aprobadas, como el caso de la Hadopi en Francia.
J.Z.: Con la Hadopi no se ha llegado hasta el final, sólo se han mandado advertencias pero nadie ha sido denunciado. Dicen los políticos que por ahora sólo quieren hacer pedagogía, pero yo creo que es porque saben que si llegaran a juicio lo perderían. De todas maneras esa ley, como la Sinde española, ya está muerta porque ni siquiera sirve para impedir el intercambio de archivos. Ahora la amenaza es el ACTA, una nueva estrategia más adecuada para frenar las prácticas habituales de los internautas.
Objetivo: garantizar la neutralidad
La intención frustrada del Ministerio de Cultura de reavivar la Ley Sinde ha reactivado la resistencia en internet. Desde el colectivo Hacktivistas prevén que el nuevo Gobierno del PP continúe la senda restrictiva. Uno de sus miembros, Txarlie, afirma que “podrían tratar de reformar la Ley de Propiedad Intelectual para eliminar el derecho a la copia privada”. En su opinón, “igual que nos echan de las plazas para que no hagamos asambleas, quieren dificultar el acceso a internet, que los servicios se gradúen según el dinero que pague cada persona”. La batalla está en preservar la neutralidad de la red. “Hasta ahora ha sido imposible conseguir legislación garantista como la de Chile y Holanda, pero seguiremos presionando”.
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